ASESORES Y CONSULTORES EN GIRONA

Hacienda apura los plazos para aprobar el modelo de liquidación del nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras, cuyo primer pago fraccionado tendrán que abonar a partir del 1 de junio. Fuentes de Hacienda han apuntado que la orden ministerial con el modelo se aprobará este mismo mes -es decir, que se publicará en el BOE a lo largo de esta semana- una vez que ya ha recibido los últimos informes consultivos. La orden ministerial no solo tiene que concretar el formulario que tendrán que presentar las entidades financieras, sino también despejar ciertas dudas sobre su aplicación para el ejercicio 2024 suscitadas al decaer los cambios introducidos en el denominado decreto ómnibus el pasado mes de enero.

El Gobierno, ante el aluvión de solicitudes de los mutualistas pidiendo la devolución del IRPF (que asciende a un golpe de casi 1.000 millones por año para la Administración), aprobó en diciembre de 2024 una ley para devolver a estos pensionistas solo un pago por año. A juicio de la asociación, la decisión del Ministerio de Hacienda vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales tales como la igualdad, la prohibición de la arbitrariedad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena administración.

La DGT termina con las dudas y confirma que la asunción de la deuda hipotecaria por el comprador no genera un nuevo pago del Impuesto sobre AJD. En concreto, aclara en una consulta vinculante que la subrogación del deudor hipotecario que se produce en el contexto de una compraventa de un inmueble no está sujeta a la cuota gradual de la modalidad de AJD del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Tal y como concluye Tributos, "dicha subrogación no produce una inscripción distinta de la que origina la propia transmisión del inmueble" y ello "porque se entiende que la única operación inscribible es el cambio de titularidad el bien transmitido que garantiza la hipoteca" dado que "no se vería afectada la hipoteca en sí misma considerada, ya que permanece inalterada".

El alto tribunal fija doctrina y aclara que la aplicación de la reducción del 60% sobre las ganancias netas por el arrendamiento de viviendas se aplica, en el caso de comprobación por parte de la AEAT, al total del importe regularizado por el fisco, y no solo a la cantidad inicialmente fijada por el casero en la declaración. La AEAT, representada por la Abogacía del Estado, defendía ante el Supremo que podía extender los efectos de la Ley de 2021, a los casos previos a ese ejercicio. El Supremo tumba el argumento dado por Hacienda sobre que la Ley de 2021 se podía extender a ejercicios anteriores e indica que los preámbulos de una norma explican la intención que tiene el legislador al aprobar una ley, pero que "carecen de valor normativo directo para regular relaciones y situaciones jurídicas".